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ASAJA-ANDALUCÍA EXIGE LA REVISIÓN DE OFICIO DE LA RESOLUCIÓN DE LAS AYUDAS FORESTALES AJUSTADA A LAS BASES Y DE NO SER ASÍ, SU REVOCACIÓN.

LA PÉSIMA GESTIÓN DE LAS AYUDAS FORESTALES SUPONE EL MAYOR FRACASO MEDIOAMBIENTAL DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL MORENO, QUE DEJA SIN INVERTIR EL 50% DE LOS FONDOS PRESUPUESTADOS.

LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO SOSTENIBLE DEL GOBIERNO DE JUAN MANUEL MORENO PERSEVERA EN EL ERROR COMETIDO POR ADMINISTRACIONES ANTERIORES Y NINGUNEA AL MONTE PRIVADO QUE QUEDA, OTRO AÑO MÁS, A EXPENSAS DE LAS LLAMAS DEL PROXIMO VERANO.

PESE A LOS ANUNCIOS DE AYUDAS MULTIMILLONARIAS DE LA JUNTA, LOS PROPIETARIOS FORESTALES CARECEN DEL APOYO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE BRUSELAS CONTEMPLA.

EN EL 70 POR CIENTO DE LA SUPERFICIE FORESTAL DE ANDALUCÍA, DE TITULARIDAD PRIVADA, NO SE EJECUTA NINGUNA ACTUACIÓN CON APOYO PÚBLICO DESDE HACE 10 AÑOS.

Sevilla, 3 de mayo de 2021.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, y algunos de sus consejeros, entre ellos la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, llevan meses pregonando una supuesta Revolución Verde, con más inversiones e iniciativas, que quienes viven y gestionan el campo no acaban de ver.

El último episodio de estos “fuegos de artificio” lo constituyen las dos resoluciones fallidas de las denominadas Ayudas Forestales y de Prevención de Incendios, dos líneas fundamentales para agricultores, ganaderos y titulares de explotaciones forestales que llevan casi diez años esperando estas ayudas contempladas en el Plan de Desarrollo Rural de Andalucía (PDR-A), en concreto en la medida 8 de Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques.

Se trata de dos líneas que se han convocado tarde y mal, y se han resuelto aún peor. En concreto son la submedida 8.5, operación 8.5.1: Ayuda para inversiones para incrementar la capacidad de adaptación y el valor medioambiental de los ecosistemas forestales (también conocida como Ayudas Forestales) y la submedida 8.3, operación 8.3.1, de Prevención de los daños causados a los bosques por incendios, desastres naturales y catástrofes (ayudas para Prevención de Incendios).

Ambas van dirigidas a los montes de titularidad privada que, con 3,4 millones de hectáreas, suponen más del 70% de toda la superficie forestal andaluza, por lo que su adecuada gestión constituye una pieza fundamental en la lucha contra el fuego en Andalucía. Así lo entiende Bruselas cuando anima a que los estados miembros empleen una parte del presupuesto del segundo pilar de la PAC -el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER)- en la gestión forestal sostenible y la limpieza de montes.

Son justamente estas medidas, dirigidas a los montes de titularidad privada, las que peor está gestionando la Consejería que dirige Carmen Crespo, quien anunció a bombo y platillo en el verano de 2019 la primera de estas dos líneas, la de Ayudas Forestales, que contaba con una dotación inicial de 106 millones, mientras que la otra, la medida de Prevención de Incendios, se convocó unos meses antes por un importe de 14,5 millones de euros, “el mayor de su historia” se dijo entonces.

La resolución definitiva de estas ayudas se publicó el pasado 23 de abril y pese a la buena disposición mostrada por la nueva directora general de Medio Natural, Araceli Cabello, ambas han supuesto un fracaso sin paliativos y una enorme decepción para todos los titulares de explotaciones forestales que llevaban años esperándolas.

Así, en el caso de las ayudas para la Prevención de Incendios (Operación 8.3.1.), tan sólo han sido aprobados 23 expedientes en toda Andalucía, lo que supone el 2% de los presentados. Sólo se van a invertir 120.000 euros de los 14,5 millones anunciados, el 0,87% de lo presupuestado en prevención de incendios en montes privados en toda Andalucía.

El 98% ha sido rechazado con motivos totalmente incongruentes e incluso erróneas. Causas recurrentes que ASAJA entiende que se deben a un grave error por parte de los técnicos de la administración a la hora de comprobar y grabar la documentación aportada por los propietarios. En tan sólo unos pocos días, los Servicios Técnicos de ASAJA han podido cotejar un buen número de expedientes en los que las causas utilizadas para rechazar las solicitudes no se han producido.

En cuanto a las Ayudas Forestales (Operación 8.5.1), de los 106 millones de euros presupuestados la Consejería ha anunciado ya que sólo llegarán al campo 63,3 millones, aunque es probable que acaben llegando finalmente muchos menos. Entre la resolución provisional, publicada en marzo de 2020, y la definitiva del pasado 23 de abril, la Consejería ha dejado al 36% de las explotaciones por el camino. De los casi 900 expedientes que figuraban en la resolución provisional, se han rechazado 330. Rechazos que responden en la mayoría de los casos a la inoperancia de los responsables técnicos de esta partida, puesto que ASAJA ha detectado numerosas faltas e irregularidades, como la forma irregular de elaborar las actas de no inicio, la supuesta falta de documentación que no es tal, puesto que en muchos casos esta documentación se encuentra completamente subida a la aplicación y con acuse de registro; o la denegación de actuaciones por no tener la autorización correspondiente para ejecutarla, cuando las bases reguladoras especifican que se subvencionarán las actuaciones si en el trámite de audiencia se acredita al menos la solicitud de los permisos, autorizaciones y licencias.

Por todo ello, ASAJA-Andalucía insta a la consejera, Carmen Crespo, a que arregle de oficio todos estos errores, fruto de la incompetencia de la propia administración, y si no, a que revoque las resoluciones, las examine de nuevo con el preceptivo tramite de subsanación, y publique una nueva resolución.

ASAJA-Andalucía ha comprobado que otras ayudas del PDR-A financiadas por el FEADER que dependen de esa Consejería, como son las ayudas ecológicas, las agroambientales, las de modernización y las de incorporación de jóvenes se tramitan correctamente, por lo que esta organización insta a la consejera de Agricultura a que traslade los expedientes de ayudas forestales y su gestión a aquellos departamentos de la Consejería que han demostrado sobradamente sus competencias en esta labor de gestión de expedientes de ayudas de agricultores y ganaderos.

Por último, ASAJA insta al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, a que si realmente quiere acometer una Revolución Verde en Andalucía cuente con el monte privado, que ocupa más del 70% de la superficie forestal de la Comunidad, rechace la devolución de los fondos europeos a Bruselas y empleé los 57 millones de euros presupuestados en la limpieza de montes y la lucha contra el fuego en los montes privados de la región. Se alegrará.

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EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ MANTIENE SU CONVOCATORIA DE MOVILIZACIONES EN CONTRA DE LA CONVERGENCIA BRUSCA DE LA PAC

ASAJA, COAG Y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS DE ANDALUCÍA INSTAN AL MINISTRO DE AGRICULTURA A QUE MUESTRE CON HECHOS SU ACTITUD DE DIÁLOGO.

Sevilla, 8 de abril de 2021.- Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias mantienen su convocatoria de movilizaciones indefinidas en el campo andaluz en contra de la convergencia brusca de la PAC. Así lo han manifestado a la conclusión del encuentro que han mantenido hoy, seis meses después de que lo solicitaran, con el ministro de Agricultura, Luis Planas, para analizar el Real Decreto de transición 41/2021 para los años 2021 y 2022 y la propuesta para la reforma de la PAC 2023-2027.

Se trata de dos asuntos de enorme trascendencia para el futuro de Andalucía,primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza(más del doble que la media nacional).

En el encuentro, los dirigentes de las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía han pedido al ministro que retire el Real Decreto de transición 41/2021, que no mantiene la convergencia paulatina de las ayudas establecida en la reforma de la PAC 2014-2020, que continúa en vigor hasta que no se negocie y se apruebe la nueva reforma.

Esta fue la tesis que los representantes de ASAJA, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía trasladaron al ministro Planas el pasado 9 de octubre, tras conocer el borrador de Real Decreto de transición 41/2021 que fijaba una convergencia brusca de la PAC para un periodo que por su propia definición es transitorio, por lo que no cabe introducir cambios, ni fijar nuevos porcentajes de convergencia.

Esta convergencia brusca para los años 2021 y 2022 es tremendamente dañina para Andalucía. En concreto, de los 232.000 agricultores y ganaderos andaluces que reciben ayudas de la PAC en la actualidad, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%.

Por otro lado, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de España y de Andalucía) a las 5 o 7 que prevé el Ministerio, que impulsa un modelo de tasa plana que persigue eliminar los derechos nominativos de los agricultores y permitir la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido.

Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, y que en el peor de los escenarios puede conllevar pérdidas de hasta el 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente (entre pago básico y pago verde) los más de 232.000 perceptores de Andalucía. Sin olvidar que entre 54.000 y 120.000 de esos perceptores pueden quedar fuera del sistema de ayudas.

Las pérdidas afectan en mayor medida a aquellos profesionales que más han invertido -en regadío, tecnología, maquinaria, mejora de explotaciones y/o formación- y que son los que han generado unos derechos más altos.

Todos estos desajustes se producen en un contexto en el que siguen sin solución la mayor parte de los problemas que hace ahora un año llevaron al sector agrario a las carreteras. Tal como denuncian las organizaciones los agricultores y ganaderos siguen sin contar con las medidas que les permitan reducir sus costes, siguen con los precios de sus producciones por los suelos, siguen soportando la especulación y la falta de equilibrio de la cadena agroalimentaria así como la competencia desleal derivada de la entrada de productos de terceros países sin ningún control. Y además están sufriendo, cada vez con mayor frecuencia, ataques continuos e injustificados hacia su actividad.

Las organizaciones firmantes rechazan el Real Decreto 41/2021 de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos agricultores y ganaderos en Andalucía y porque determina claramente las negociaciones de cara a la nueva PAC, y por tanto, han vuelto a solicitar hoy al Ministerio de Agricultura su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el periodo actual.

Asimismo, y de cara a la nueva PAC de 2023, han exigido al Ministerio de Agricultura que respete el modelo actual, con el mayor número de regiones posible (lo que refleja nuestra diversidad productiva); que evite la eliminación de derechos; que reformule la redacción de la definición de agricultor genuino, para evitar la expulsión de muchos agricultores y ganaderos del campo, y por último, que adecue los nuevos ecoesquemas a la realidad productiva para frenar una mayor pérdida de renta de los agricultores y ganaderos.

Así lo han manifestado de forma unánime Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía; Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía; y Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

Los representantes de las organizaciones representativas del sector agrario en Andalucía han reiterado la convocatoria indefinida de movilizaciones que, tras las ya celebradas en Jerez de la Frontera y Córdoba, continúa mañana con una concentración ante la subdelegación de Gobierno de Málaga, y el próximo 15 de abril con otra concentración en la Plaza de España de Sevilla; y mientras todo siga igual, tras esta, llegarán otras en el resto de Andalucía. Los agricultores y ganaderos andaluces no están dispuestos a permitir ningún otro atropello.

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EN CUMPLIMIENTODEL ACUERDO MARCO, AZUCARERA DEBERÁ ABONAR CASI 2,27 MILLONES DE EUROS A 700 AGRICULTORES QUE SEMBRARON REMOLACHA EN ANDALUCÍA EN LA CAMPAÑA 2019/2020

ASAJA-ANDALUCÍA INSTA A AZUCARERA A QUE ABONE SIN DEMORA EL DINERO QUE DEBE A LOS REMOLACHEROS.

EL LAUDO ARBITRAL AL QUE SE SOMETIERON LAS PARTES DA LA RAZÓN A ASAJA Y OBLIGA A AZUCARERA A PAGAR LA REMOLACHA CONFORME A LOS PRECIOS ESTIPULADOS EN EL ACUERDO MARCO.

Sevilla, 17 de marzo de 2021.- La compañía alimentaria AB Azucarera Iberia, que gestiona en Andalucía la planta de molturación de El Portal (Jerez de la Frontera), debe abonar a los 700 agricultores que contrataron y entregaron remolacha en la campaña 2019/2020 casi 2,27 millones de euros en cumplimiento del Acuerdo Marco Interprofesional (AMI) en vigor aún en esa campaña, tal como ha establecido en su laudo final el Árbitro Único de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Madrid.

La resolución dictada por la Corte de Arbitraje a instancias de ASAJA, obliga a Azucarera a cumplir íntegramente el acuerdo (AMI) y la oferta de precios, así como soportar las costas derivadas del procedimiento. Según los cálculos realizados por ASAJA, la organización agraria que presentó la demanda exigiendo el cumplimiento íntegro del AMI, la cuantía total de la indemnización asciende a 6,5 millones de euros, de los que a los agricultores andaluces deben percibir 2,27 millones de euros correspondientes a la diferencia entre la cantidad que se les abonó por las 540.000 toneladas de remolacha entregadas y el precio más alto fijado en el AMI; mientras que los 1.300 cultivadores que corresponden a la Zona Norte (Castilla y León, Álava y Rioja) deben percibir 4,2 millones de euros.

En la campaña 2019/2020 se sembraron en Andalucía 7.722 hectáreas de remolacha, fundamentalmente en las provincias de Sevilla y Cádiz.

ASAJA-Andalucía insta a Azucarera a abonar sin demora las cantidades adeudadas y muestra su satisfacción con el laudo final y su reconocimiento a la determinación y al esfuerzo con el que los responsables de ASAJA Castilla y León han liderado este asunto. Un buen trabajo técnico que permitirá que todos los remolacheros españoles que contrataron con Azucarera, sean o no socios de ASAJA, puedan percibir el precio que realmente les corresponde según el AMI.

El conflicto entre las partes arranca en diciembre de 2018, cuando Azucarera rompe unilateralmente el consenso y alegando una bajada en sus ingresos se niega a respetar el precio pactado en el Acuerdo Marco Interprofesional Remolachero 2015/2020, lo que supuso de facto un recorte de 4,20 euros por tonelada de remolacha en el precio percibido por el agricultor. Tras múltiples reuniones, que resultaron infructuosas, ASAJA acudió al arbitraje, la posibilidad que marcaba el propio AMI en caso de que una de las partes considerara que había habido incumplimiento.

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ASAJA PIDE QUE SE PONGA FIN DE UNA VEZ A LA INJUSTA CAMPAÑA DE ACOSO Y DERRIBO CONTRA EL SECTOR AGRARIO

LA CAMPAÑA DE INSPECCIÓN EMPRENDIDA POR EL MINISTERIO DE TRRABAJO OBVIA LAS SINGULARIDADES Y ESPECIFICIDADES DEL SECTOR AGRARIO.

ASAJA PIDE LA URGENTE SUSPENSIÓN DE LAS ACTUACIONES INICIADAS POR ELL MINISTERIO DE TRABAJO SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES EN EL CAMPO.

Sevilla, 16 de marzo de 2021.- El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social está enviando miles de cartas dirigidas a los empresarios agrícolas, en forma de comunicación, recordándoles la normativa sobre los contratos temporales y su conversión a indefinidos. Según la Administración, esta campaña nacional tiene como objetivo regularizar aquellos contratos de trabajo que no se adecuan a la legalidad vigente y va dirigida a todos los colectivos empresariales, no exclusivamente al sector agrario.

En estas comunicaciones, se señalan supuestas irregularidades identificadas con respecto a determinados trabajadores de las empresas agrícolas y se les requiere para la inmediata regularización de las contrataciones en el perentorio plazo de un mes, advirtiendo que, en caso de no proceder, se emprenderán actuaciones inspectoras y se impondrán duras sanciones. Lo que ha provocado un sentimiento generalizado de malestar y preocupación en el sector agrario, no solamente por lo que respecta a los empresarios agrarios, sino también en lo que respecta a muchos de los trabajadores afectados, y muy particularmente en determinadas regiones, como es el caso de Andalucía.

Desde ASAJA-Andalucía denunciamos la inoportunidad de enviar este tipo de comunicaciones de manera masiva a un sector que ya sufre una importante e injusta campaña de “acoso y derribo”, cabe recordar que ya ASAJA pidió en su día el cese de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por la grave afrenta al sector agrario que supuso la campaña dirigida desde ese Ministerio para detectar “casos de esclavitud o prácticas similares” en explotaciones agrícolas, lo que obviamente nada tenía que ver con la realidad del campo español. Sin olvidar las recientes subidas del SMI en los últimos dos años, lo que ha supuesto “dinamitar de facto” la negociación colectiva e incrementar los costes para nuestras explotaciones.

Desgraciadamente, todo esto contribuye a “la demonización del campo”, desde el desconocimiento o la ignorancia sobre el Régimen Especial Agrario, que desde hace varios años está en proceso de incorporación y convergencia con el Régimen General. Con este tipo de campañas se persigue una integración “a las bravas”, sin una reglamentación acorde y clara que permita la adaptación a la singularidades que tiene este sector (carácter estacional, fuerte dependencia de trabajadores temporeros procedentes de otros países, larga tradición y arraigo de las fórmulas y regímenes singulares de contratación que se contemplan en la negociación colectiva del sector, enormes dificultades para cubrir las necesidades de mano de obra en las diferentes campañas, etc.).

Por todo lo anterior, desde ASAJA solicitamos al Ministerio que se tomen las medidas que correspondan en orden a suspender las acciones que ya están en marcha y las actuaciones inspectoras anunciadas en dichas cartas, hasta tanto no se pueda actuar con verdadero conocimiento de la situación del sector, prestando la merecida consideración a la marcada estacionalidad, a la singularidad y heterogeneidad de las formas y dinámicas de contratación de mano de obra en el campo, pero también a la peculiaridad y diversidad de las necesidades productivas (por regiones y por explotaciones).

En este sentido, desde ASAJA se ha solicitado a nivel nacional una reunión con los máximos responsables del Ministerio, con el doble fin de dar a conocer las particularidades del sector agrario que justifican un tratamiento diferenciado en el marco de esta nueva campaña inspectora, y también para proponerle algunas medidas complementarias que convendría adoptar para este sector.

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EL SECTOR AGRARIO ANDALUZ INICIA PERÍODO INDEFINIDO DE MOVILIZACIONES EN CONTRA DE LA CONVERGENCIA BRUSCA DE LA PAC

LAS ORGANIZACIONES REPRESENTATIVAS DEL SECTOR AGRARIO EN ANDALUCÍA URGEN AL MINISTRO LUIS PLANAS LA RETIRADA DEL RD 41/2021 Y UNA MESA DE DIÁLOGO REAL.

Sevilla, 15 de marzo de 2021.- Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- han mantenido una nueva rueda de prensa en Sevilla para informar del comienzo de un período indefinido de movilizaciones, que dará comienzo la próxima semana con una tractorada en Cádiz, a la
que seguirá una nueva convocatoria en Córdoba y otras provinciales todavía por confirmar. Todo ello, a la espera de que las condiciones sanitarias lo permitan para organizar una gran movilización de todo el sector a nivel regional.
Así lo han manifestado de forma unánime Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía; Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía; Miguel Cobos, secretario general de UPA-Andalucía; y Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.
Los responsables han agradecido la reunión celebrada con el secretario general de Agricultura y Alimentación del MAPA, Fernando Miranda, el pasado 24 de febrero, si bien ya en su momento lamentaron que no fuera el propio ministro Luis Planas el que explicara al sector andaluz un planteamiento que tiene como objetivo eliminar los derechos históricos, reducir drásticamente el número de regiones productivas e impulsar un modelo lineal de tasa plana.
Si por parte del Ministerio de Agricultura insisten en que el Real Decreto 41/2021 de convergencia para los años 2021 y 2022 no es dañino para Andalucía, sin presentar informes econométricos que así lo sustenten, las organizaciones representativas del sector agrario andaluz afirman disponer de estudios minuciosos que demuestran todo lo contrario.
En concreto, de los 232.000 agricultores y ganaderos que reciben ayudas de la PAC en la actualidad, 80.000 perderán, al menos, un 10% en dos años. Además, la mitad de ellos, unos 40.000, sufrirán mermas de entre el 20% y el 50%.
Por otro lado, el Real Decreto 41/2021 supone la antesala de la reforma que comenzará a aplicarse a partir de 2023, todavía en fase de negociación, en la que se pasará de las 50 regiones actuales, reconocidas en la reforma 2014-2020 (por la gran diversidad agrícola y ganadera de Andalucía) a las 5 o 7 que prevé el Ministerio. Se trata de un cambio brusco, no exigido en estos términos por la Comisión Europea, que en el peor de los escenarios puede conllevar que Andalucía pierda el 50% de los 1.300 millones
de euros que recibe anualmente, sumados el pago base y verde.
Los representantes de ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias insisten en el deseo de dialogar con el ministro de Agricultura para llegar a un acuerdo que no resulte perjudicial para la primera región agraria de España, en la que se hallan el 34% de los perceptores de ayudas PAC y que aporta el 37% del Valor Añadido Bruto (VAB) agrario a la economía de España, dando empleo a más del 8% de la población ocupada andaluza (más del doble que la media nacional).
Por tanto, urgen –como ya lo hicieran en febrero- la constitución de una mesa de diálogo con Andalucía, la retirada inmediata del Real Decreto y no despreciar el peso agrario de Andalucía en España, su diversidad productiva y su complejo agroalimentario, buque insignia a nivel nacional y locomotora de creación de empleo, generación de riqueza, con una importantísima contribución a la balanza comercial española en el exterior.
Paralelamente, las organizaciones representativas continúan pidiendo el respaldo de los 778 municipios andaluces, a través de mociones en sus plenos, pues no en vano, más de la mitad de ellos viven de la agricultura, la ganadería y la agroindustria. Junto a ellos, y de no frenarse este atentado contra el sector, el empleo y la economía de Andalucía, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias planean llevar a cabo una movilización histórica, en cuanto las circunstancias lo permitan.

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CONVOCATORIA DE PRENSA: «MOVILIZACIONES POR LA PAC EN ANDALUCÍA».

Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía –ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias– ofrecerán el próximo lunes 15 de marzo una rueda de prensa para anunciar el comienzo de un período indefinido de movilizaciones en contra de la convergencia brusca de la PAC, propuesta por el Ministerio de Agricultura (MAPA), y las nefastas consecuencias para Andalucía y la futura reforma de esta política, todavía en fase de negociación.

Será a partir de las 10:30 en el Salón Convenciones 2, del Hotel Meliá Lebreros, con el cumplimiento de todas las medidas de seguridad Covid.

Asistirán, Ricardo Serra, presidente de ASAJA-Andalucía; Miguel López, secretario general de COAG-Andalucía; Miguel Cobos, secretario general de UPA-Andalucía; y Juan Rafael Leal, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía.

DÍA: Lunes, 15 de marzo

HORA: 10:30 horas

LUGAR: Salón Convenciones 2

Hotel Meliá Lebreros

UBICACIÓN: Calle Luis de Morales, 2 SEVILLA

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ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas buscan el apoyo de los ayuntamientos andaluces para frenar la convergencia brusca de la PAC

Ante la insistencia del MAPA en un modelo de convergencia muy perjudicial para los agricultores y ganaderos andaluces, antesala de la nueva PAC

En el peor de los escenarios, la propuesta planteada por el MAPA supondrá una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que, entre pago básico y pago verde, reciben actualmente los más de 232.000 agricultores y ganaderos andaluces.

Sevilla, 9 de marzo de 2021.- Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- están enviando esta semana cartas a los 778 ayuntamientos de Andalucía en la que les instan a aprobar en sus plenos una moción de apoyo al sector agrario andaluz y de rechazo al real decreto de convergencia, tremendamente lesivo para los agricultores y ganaderos andaluces y para todos los mun¡cipios agrarios de Andalucía, puesto que tanto este innecesario Real Decreto como la propuesta de reforma de la PAC que prepara el Ministerio de Agricultura suponen una grave amenaza para la economía y el empleo de toda Andalucía.

Por ello, ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía han manifestado ya que de no retirarse el Real Decreto, una vez la situación sanitaria lo permita, los tractores volverán a salir a la calle para reclamar una PAC justa con el sector agroalimentario andaluz.

En la misiva las organizaciones representativas trasladan su rechazo al tratamiento que el sector agrario andaluz recibe en la nueva PAC que arranca en el período transitorio 2021-2022 y que servirá de base al Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023.

Y recuerdan que en el marco actual 2014-2020 se reconoció la diversidad productiva andaluza y española mediante el establecimiento de 50 regiones de ayuda definidas en atención a la comarca geográfica, a la orientación productiva y a los niveles de ayuda consolidados por los agricultores y ganaderos. A su vez, se implantó un sistema de convergencia, que aproximaba el valor de los derechos de pago de los productores integrados en una misma región de forma moderada, paulatina y con limitación en su impacto sobre la renta individual de los agricultores y ganaderos afectados.

Sin embargo, para los próximos años, el principal objetivo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pasa por reducir el número de regiones y por impulsar un modelo en el que todas las hectáreas cobrarán igual para finalizar eliminando los derechos nominativos de los agricultores y permitiendo la entrada en el régimen de ayudas de superficies que, salvo excepciones, nunca han producido. Esto supondría, en el peor de los escenarios, una pérdida de alrededor del 50% de los 1.300 millones de euros que reciben actualmente, entre pago básico y pago verde, los más de 232.000 perceptores andaluces (34% del total español).

Es, por tanto, una propuesta que no respeta la importancia del complejo agroalimentario andaluz, conformado por un universo de agroindustrias, cooperativas y explotaciones que asientan la población en el territorio (el 85% de los beneficiarios vive a menos de 20 km de sus explotaciones), favorece la conservación del medio ambiente y genera riqueza (el 37% del Valor Añadido Bruto del conjunto del estado).

Además, en plena elaboración del citado Plan Estratégico de la PAC, el Ministerio publica el Real Decreto 41/2021, una normativa que acelera la convergencia desde este mismo año y más allá de lo exigido por la Comisión Europea, y que se ha preparado obviando las advertencias del sector, que la rechaza de forma unánime porque:

– Mermará de forma importante la renta de una tercera parte de los agricultores y ganaderos andaluces (80.000 perderán al menos el 10% en dos años). Las 40.000 personas más perjudicadas, que han generado derechos más altos por haber invertido en mejoras tecnológicas y formación para producir más y generar empleo y riqueza, pierden entre el 20% y el 50%. Son ejemplos tipo los ganaderos con poca base territorial y los regadíos.

– Por primera vez en la historia de la PAC se define un tránsito no paulatino, que impedirá que muchos profesionales tengan tiempo de adaptarse a los cambios, redimensionar sus explotaciones y/o reorientar sus producciones.

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones firmantes solicitan que se someta al Pleno del Ayuntamiento el apoyo a los siguientes puntos y, en caso de aprobación, que se trasladen los acuerdos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible y a los distintos Grupos Políticos:

1.- Unirse al rechazo al Real Decreto de convergencia, por ser innecesario, porque condiciona el futuro de muchos andaluces y porque determina las negociaciones de cara a la nueva PAC.

2.- Solicitar al MAPA su retirada para continuar con el ritmo de convergencia paulatino que se había acordado para el período actual.

3.- Brindar su apoyo al complejo agroalimentario andaluz de cara a la nueva PAC, persiguiendo la elaboración de un Plan Estratégico que permita cumplir con las directrices europeas respetando nuestra diversidad productiva. La reforma no puede hacer daño a una región con la importancia agraria que tiene Andalucía.

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ASAJA-ANDALUCÍA Y LA PLATAFORMA DEL TORO BRAVO DEMANDAN EL APOYO DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA SALVAR LAS EXPLOTACIONES DE LIDIA

EL COVID-19 DEJA A LOS GANADEROS DE BRAVO AL BORDE DE LA EXTINCIÓN

LAS PÉRDIDAS DIRECTAS DE LOS GANADEROS ANDALUCES DE BRAVO SUPERARON LOS 31 MILLONES DE EUROS EN 2020

Sevilla, 5 de marzo de 2021.- El toro de lidia, santo y seña de la dehesa, atraviesa el peor momento de su historia. El COVID-19 ha multiplicado las pérdidas de los ganaderos, que ante los elevados costes y la falta de ingresos se ven impelidos a tirar la toalla y sacrificar a sus animales para evitar seguir perdiendo dinero. Este es el camino que en 2020 han seguido dos de cada diez ganaderías de bravo y es, por desgracia, la única salida que les queda al resto si la situación no mejora en 2021.

La crisis es de tal calibre que, en un gesto sin precedentes, todas las asociaciones de ganaderos con presencia en Andalucía se han unido en una plataforma para, con el apoyo de ASAJA-Andalucía, buscar una salida que evite el sacrificio de la cabaña que, de producirse sería irreversible, puesto que estas ganaderías son el último reducto de encastes únicos y singulares que se perderían definitivamente.

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, junto al representante de la Plataforma del Toro Bravo Andaluz, Rafael Tejada, ha presentado hoy en Sevilla un pormenorizado informe sobre las aportaciones, los costes y la situación del ganado de lidia en Andalucía y han demandado a la Junta de Andalucía ayudas económicas urgentes para salvar el ejercicio de 2021 y mantener la cabaña a corto plazo y, de cara a la nueva PAC, lograr un nuevo enfoque de las ayudas agroambientales con un diseño que permita el encaje de este tipo de ganaderías singulares.

Andalucía cuenta con 235 ganaderías de lidia y más de 27.000 vacas que pastan en 200.000 hectáreas de dehesa, dedicadas prácticamente en su totalidad a la cría del toro bravo, y cuyo coste medio anual se eleva a los 1.135 euros por vaca[1], una cuantía que no se ha visto reducida por la pandemia, puesto que el ganadero aunque no tenga ingresos no puede dejar la ganadería en “stand by”, tiene que seguir sufragando los gastos de alimentación, saneamiento y personal de la explotación.

Esta es una de las singularidades que hacen aún más sangrante la situación de los ganaderos de bravo, que están peor que cualquier otro sector ganadero e incluso peor que otros sectores económicos que pueden cerrar temporalmente y acogerse a ERTEs, pues aunque los toros no se vendan y los ganaderos no facturen, están obligados a mantener a su ganado y a contar con el personal necesario para la gestión ordinaria de la explotación.

El estudio de la Plataforma Toro Bravo Andaluz, elaborado con la colaboración de la Universidad de Córdoba y de ASAJA-Andalucía, revela que las pérdidas directas de los ganaderos andaluces de bravo en 2020 superaron los 31 millones de euros. El estudio, que se apoya en una amplia muestra en la que se han recabado datos de más de un 25% de explotaciones, analiza los costes medios en función del numero de madres de la explotación, aunque computa absolutamente todos los costes e incluye a la totalidad de la cabaña (añojos, erales, utreros, cuatreños, cinqueños, bueyes y sementales).

Esta delicada situación ha llevado a que casi el 20% de las ganaderías de bravo de la región haya quebrado en 2020 y se haya visto obligada a sacrificar a toda su cabaña ante las dificultades económicas y las escasas perspectivas de futuro, puesto que la incertidumbre es la nota dominante de cara a 2021, donde de momento siguen sin estar aseguradas las ferias y los espectáculos taurinos, el destino comercial de los toros bravos.

Las ayudas públicas con las que cuenta el sector ganadero no se adaptan a las características de la ganadería brava, que tan solo ha podido acogerse a la medida 21, una línea de apoyo específica para el COVID-19 que resulta totalmente insuficiente para enjugar las pérdidas de las explotaciones de bravo. De hecho, esta medida sólo ha permitido sufragar 50 de los 1.135 euros de coste estimado por vaca. Cuantía insuficiente para evitar la quiebra de muchas explotaciones.

El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, ha agradecido la sensibilidad mostrada por la Administración andaluza, con la que se han mantenido diversas reuniones a lo largo del último año, y ha instado a sus responsables a realizar un esfuerzo adicional para asegurar la pervivencia de este sector, sin el que no se entendería el campo andaluz.  

Por último, tanto Rafael Tejada como Ricardo Serra han reiterado la gravedad de la situación y han destacado la unidad absoluta del sector ganadero de bravo en Andalucía en torno a esta cuestión. Ni las enfermedades animales de la “lengua azul” o las “vacas locas”, ni ningún otro daño u amenaza a la cabaña de bravo ha logrado lo que ha conseguido el COVID-19, reunir a las cinco asociaciones ganaderas de bravo con presencia en Andalucía -la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Asociación de Ganaderos de Raza de Lidia, la Asociación de Ganaderías de Lidia, la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas y Ganaderos de Lidia Unidos– en la Plataforma Toro Bravo Andaluz, constituida por estas asociaciones gestoras del libro genealógico para pelear por la supervivencia de las 235 ganaderías y las 28 líneas y encastes de ganado de lidia que desde el campo andaluz suponen la base de la más universal de nuestras fiestas”.  


[1] Imputando a las hembras reproductoras, la base de la ganadería, todos los gastos anuales generados en la explotación.

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ASAJA-ANDALUCÍA Y LA PLATAFORMA TORO BRAVO ANDALUZ ANALIZARÁN LA GRAVE SITUACIÓN POR LA QUE ATRAVIESA LA CABAÑA ANDALUZA DE LIDIA

La pandemia pone contra las cuerdas a los ganaderos de lidia.

Sevilla, 4 de marzo de 2021.- El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, y el representante de la Plataforma Toro Bravo Andaluz, Rafael Tejada, presentarán mañana en Sevilla un estudio que analiza las repercusiones del COVID-19 en la cabaña andaluza de lidia y propondrán medidas para mitigar la grave situación por la que atraviesan estas explotaciones y para evitar la desaparición de este modelo de ganadería, fundamental por sus aportaciones económicas, laborales, medioambientales, recreativas y culturales.

El estudio, elaborado por la Plataforma en colaboración con la Universidad de Córdoba y ASAJA-Andalucía, ofrece un análisis económico de la cabaña de bravo y se apoya en un trabajo pormenorizado con una amplia muestra estadística, puesto que cuenta con datos de más de un 25% de explotaciones de bravo de Andalucía.

La situación de este sector, que ocupa 200.000 hectáreas de dehesa y genera más de 25.000 empleos en la región, es tremendamente grave y está dominada por la incertidumbre, dado que hasta el momento siguen sin estar aseguradas las ferias y los espectáculos taurinos, el mercado principal de las reses bravas.

La unidad del sector es una buena muestra de la gravedad del momento que atraviesa, puesto que ni las enfermedades animales de la “lengua azul” o las “vacas locas”, ni ningún otro daño u amenaza a la cabaña de bravo ha logrado lo que ha conseguido el COVID-19, reunir a las cuatro asociaciones ganaderas de bravo con presencia en Andalucía -la Unión de Criadores de Toros de Lidia, la Asociación de Ganaderos de Reses de Lidia, la Asociación de Ganaderías de Lidia Zona Sur y los Ganaderos de Lidia Unidos– en la Plataforma Toro Bravo Andaluz, constituida por estas cuatro asociaciones gestoras del libro genealógico para pelear por la supervivencia de las 235 ganaderías y las 28 líneas y encastes que se crían en el campo andaluz y suponen la base de la más universal de nuestras fiestas.

  ASUNTO                             El presidente de ASAJA-Andalucía, Ricardo Serra, y el representante de la Plataforma Toro Bravo Andaluz, Rafael Tejada, analizarán la delicada situación por la que atraviesa la ganadería andaluza de bravo.  
HORA  10:30 horas.  
FECHA Viernes, 05 de marzo de 2021
LUGAR  Sede de ASAJA-Andalucía. Avda. San Francisco Javier, Nº 9, Planta 7ª. Edificio Sevilla 2. Sevilla.  
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ASAJA, COAG, UPA Y COOPERATIVAS AGRO-ALIMENTARIAS SACARÁN LOS TRACTORES A LA CALLE EN CUANTO LO PERMITA LA PANDEMIA

Ante la insistencia del MAPA en un modelo de convergencia muy perjudicial para los agricultores y ganaderos andaluces

Sevilla, 24 de febrero de 2021.- Las organizaciones representativas del sector agrario de Andalucía -ASAJA, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias- han mantenido hoy una reunión con el secretario general de Agricultura y Alimentación del Ministerio del ramo, Fernando Miranda, y la delegada del Gobierno central en Andalucía, Sandra García, en la que los representantes del departamento de Luis Planas han defendido su postura sobre la convergencia de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y el planteamiento sobre el futuro reparto nacional de los fondos.